El procedimiento expedito en contravenciones penales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso

La garantía del debido proceso en el Ecuador tiene una valoración importante en cuanto se cumpla la supremacía constitucional, ya que reconoce derechos fundamentales y garantiza su eficaz goce encaminada a una verdadera justicia, donde los supuestos imputados pueda ejercer y probar su inocencia dent...

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書誌詳細
第一著者: Silva Andrade, Guido Javier (author)
フォーマット: masterThesis
言語:spa
出版事項: 2017
主題:
オンライン・アクセス:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6495
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要約:La garantía del debido proceso en el Ecuador tiene una valoración importante en cuanto se cumpla la supremacía constitucional, ya que reconoce derechos fundamentales y garantiza su eficaz goce encaminada a una verdadera justicia, donde los supuestos imputados pueda ejercer y probar su inocencia dentro del marco de la ley y se respete el estado constitucional de derechos y justicia. El derecho a la defensa es un verdadero poder junto con el de la acción y la jurisdicción, para la válida realización penal, ello en razón de que estos poderes son los que dirigen la actividad de los sujetos procesales en todo el proceso, pero que tienen a su vez una existencia previa al mismo, ya que su fuente es de índole sustantiva constitucional (Vásquez, 1996) El derecho a la defensa como garantía del debido proceso toma una valoración en cuanto se cumpla la supremacía constitucional, ya que reconoce los principales derechos fundamentales y es donde se encamina a una verdadera justicia, donde la ciudadanía pueda ejercerlo y probar su inocencia dentro de los lineamientos y al margen de la Ley frente a un hecho punible. (Ibídem) Los medios probatorios “consisten en instrumentos de intermediación requeridos por el proceso para la constancia material de los datos de hecho existentes en la realidad” (Cabañas, 1992) En cuanto la recolección de pruebas es importante señalar que se debe contar con el tiempo adecuado, para así evitar juzgar sobre la base de una prueba ser viciada y que no se puede comprobar oportunamente por la falta de tiempo suficiente o plazo razonable, y que la administración de justicia sea quien la castigue o absuelva.