Los derechos vulnerados dentro de la protesta social a través del ejercicio del uso progresivo de la fuerza en las manifestaciones del 2019-2022 en Ecuador - Falconi Pazmiño, Anaís Marbella (2023)
Las protestas sociales son acciones ejecutadas por los pueblos o grupos sociales vulnerados, es por ello por lo que se reconoce esta forma de manifestación, como un derecho que permite exigir la mejora, reformulación o aplicación de nuevas medidas para garantizar el buen vivir de los ciudadanos. Constantemente las personas que participan en las protestas sociales han exigido que se cumplan con los ofrecimientos del Gobierno, sin embargo, cuando no se ejecutan dichas promesas, los grupos sociales se organizan a fin de solicitar la construcción de una mesa de diálogo con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para de esta manera dar por terminada la manifestación. Del mismo modo, Lanza (2019) señala que la protesta social es necesaria para la consolidación de sociedades democráticas y está respaldada por los derechos y libertades garantizados por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Lamentablemente, estas manifestaciones a menudo son reprimidas, dispersadas y limitadas en el espacio público debido a la creencia errónea de que las movilizaciones ciudadanas perturban el orden público o amenazan la estabilidad de las instituciones democráticas. Además, las manifestaciones son una forma legítima de expresión colectiva en la que se busca visibilizar problemáticas sociales, políticas y económicas que afectan a la población. En este sentido, se considera que la manifestación es una forma de presión social que busca que el Estado tome en cuenta las demandas de la sociedad y que cumpla con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos fundamentales de la población. Es por lo anterior que el derecho a la manifestación se encuentra protegido en el marco jurídico nacional e internacional y es reconocido como una herramienta sustancial para la defensa y promoción de los derechos humanos. En la normativa internacional se reconoce que las manifestaciones son un derecho que debe ser respetado por los Estados y protegido por las autoridades. Sin embargo, es importante mencionar que el ejercicio de este derecho no puede afectar el derecho de terceros ni generar violencia, ya que esto estaría fuera de los límites del derecho a la manifestación y podría ser sancionado por las autoridades competentes. Por otra parte, el origen de las manifestaciones en Ecuador se remonta a la época de las luchas por la independencia, en donde se realizaron diversas protestas y movilizaciones para exigir el fin del régimen colonial y la independencia del país. Desde entonces, las manifestaciones han sido una constante en la historia del país y han sido utilizadas como herramienta para visibilizar problemáticas sociales, económicas y políticas, así como para demandar cambios y reformas en el sistema político y jurídico. Actualmente, en Ecuador, el derecho a la manifestación está consagrado en la Constitución de la República y es reconocido como un derecho y una herramienta de participación ciudadana para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. No obstante, todas las personas que se unan a una manifestación deben considerar que debe ser pacífica y sin armas. Por otra parte, se conoce que si no se atienden las necesidades de los pueblos, estos pueden formar grupos para exigir sus derechos, los cuales están establecidos en el art.8 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza (2022), la ley citada, establece que los deberes del Estado, que incluyen garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, así como garantizar el derecho a una cultura de paz, la seguridad integral y vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Es por lo anterior que resulta válido que los políticos conozcan estos deberes para cumplir con sus funciones relacionadas con derechos como la educación, salud, trabajo, combustibles y la agricultura, para evitar que las personas se vean obligadas a migrar a las ciudades en busca de trabajo.