La inexistencia de recursos en la jurisdicción indígena

La Justicia Indígena tiene un procedimiento ya establecido, el cual no consta de un recurso dentro de la comunidad ya sea de; casación, apelación, revisión, de hecho, entre otros, solamente consta de control de constitucionalidad y acción extraordinaria de protección contra decisiones de la Justicia...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Robalino Franco, Karina Isabel (author)
Formatua: bachelorThesis
Hizkuntza:spa
Argitaratua: 2018
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8883
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Deskribapena
Gaia:La Justicia Indígena tiene un procedimiento ya establecido, el cual no consta de un recurso dentro de la comunidad ya sea de; casación, apelación, revisión, de hecho, entre otros, solamente consta de control de constitucionalidad y acción extraordinaria de protección contra decisiones de la Justicia Indígena, pero estos deben ser interpuestos dentro de la justicia constitucional mas no, en su jurisdicción. La falta de estos recursos vulnera los derechos constitucionales establecidos en el artículo; 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, los cuales son; la tutela imparcial y expedita de los derechos y el debido proceso respectivamente, además los principios de doble instancia1. Es importante reconocer que la justicia indígena conjuntamente con el derecho consuetudinario, el mismo que según el diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, es “el que nace de la costumbre; el derecho no escrito”2, que rige la vida de las personas de un pueblo o comunidad indígena. La tutela imparcial y expedita de los derechos nos establece que, este mandato constitucional es un presupuesto del debido proceso; de cualquier proceso y en cualquier etapa del proceso, y la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, es causal para ejercer una demanda contra el Estado, por la inadecuada administración de justicia y su falta de protección jurídica, cuando a una persona le han lesionado sus bienes jurídicos o sus intereses protegidos por la ley, incluyéndose también decisiones de la Justicia Indígena.