Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, para que no sea aplicable en los juicios laborales
Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (2014), el 10 de agosto de ese año se inició una nueva etapa para la historia judicial de los delitos más graves, optimizar y garantizar la protección de los derechos de la víctima y de los imputados. La Asamblea Nacional (2014) junto con...
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2020
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| description | Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (2014), el 10 de agosto de ese año se inició una nueva etapa para la historia judicial de los delitos más graves, optimizar y garantizar la protección de los derechos de la víctima y de los imputados. La Asamblea Nacional (2014) junto con los miembros de la Comisión de Justicia analizaron las recomendaciones que hizo la Organización de Naciones Unidas al Ecuador durante el segundo Examen Periódico Universal realizado el 25 de mayo del 2012 en Suiza, de que se eliminara del Código Penal la figura de desacato, ante lo cual la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional optó por reemplazarla por una nueva figura “Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”. El anterior Código Penal, establecía por desacato una sanción “privativa de libertad de ocho días a un mes”, lo que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional propuso una pena de uno a tres años o de seis meses a un año, dependiendo el caso. Mientras que el proyecto de Ley que se le envió al ex presidente Rafael Correa se establecía una sanción de seis meses a un año para quien “desacate ilegalmente órdenes y prohibiciones específicas y debidas, dirigidas a ella por servidores judiciales o fuerza pública, o viole o retire los sellos impuestos por la autoridad competente”. Según la asambleísta Rosana (Alvarado, 2012) miembro del partido político (PAIS), comentó en el Diario La Hora que la figura jurídica de Desacato en el COIP se disfraza por el de ‘Incumplimiento de decisiones’ el cual contempla una pena privativa de libertad de uno a tres años y una multa de 100 a 200 salarios básicos unificados para la “persona que incumpla órdenes y prohibiciones específicas ilegalmente debidas, dirigidas a ellas por servidores judiciales o la fuerza pública, en el marco de sus facultades legales”. También indicó que la policía o servidor militar que se negare a obedecer o incumplir órdenes o resoluciones legítimas será sancionado con pena privativa de seis meses a un año. |
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| spelling | Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, para que no sea aplicable en los juicios laboralesEscobar Rivadeneira, Marffi DayannaINCUMPLIMIENTODECISIONESCon la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (2014), el 10 de agosto de ese año se inició una nueva etapa para la historia judicial de los delitos más graves, optimizar y garantizar la protección de los derechos de la víctima y de los imputados. La Asamblea Nacional (2014) junto con los miembros de la Comisión de Justicia analizaron las recomendaciones que hizo la Organización de Naciones Unidas al Ecuador durante el segundo Examen Periódico Universal realizado el 25 de mayo del 2012 en Suiza, de que se eliminara del Código Penal la figura de desacato, ante lo cual la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional optó por reemplazarla por una nueva figura “Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”. El anterior Código Penal, establecía por desacato una sanción “privativa de libertad de ocho días a un mes”, lo que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional propuso una pena de uno a tres años o de seis meses a un año, dependiendo el caso. Mientras que el proyecto de Ley que se le envió al ex presidente Rafael Correa se establecía una sanción de seis meses a un año para quien “desacate ilegalmente órdenes y prohibiciones específicas y debidas, dirigidas a ella por servidores judiciales o fuerza pública, o viole o retire los sellos impuestos por la autoridad competente”. Según la asambleísta Rosana (Alvarado, 2012) miembro del partido político (PAIS), comentó en el Diario La Hora que la figura jurídica de Desacato en el COIP se disfraza por el de ‘Incumplimiento de decisiones’ el cual contempla una pena privativa de libertad de uno a tres años y una multa de 100 a 200 salarios básicos unificados para la “persona que incumpla órdenes y prohibiciones específicas ilegalmente debidas, dirigidas a ellas por servidores judiciales o la fuerza pública, en el marco de sus facultades legales”. También indicó que la policía o servidor militar que se negare a obedecer o incumplir órdenes o resoluciones legítimas será sancionado con pena privativa de seis meses a un año.El presente proyecto de investigación que tiene como título: “INCUMPLIMIENTO DE DECISIONES LEGÍTIMAS DE AUTORIDAD COMPETENTE, PARA QUE NO SEA APLICABLE EN LOS JUICIOS LABORALES”, se centra sobre la figura jurídica de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente que es aplicable en los juicios laborales, vulnerando el derecho a la libertad, defensa y consigo el derecho a la seguridad jurídica dentro del proceso penal, esta investigación pretende lograr que el COIP garantice los derechos constitucionales. El objetivo de la investigación es elaborar un Anteproyecto para Reformar el artículo 282, inciso uno del Código Orgánico Integral Penal estableciendo excepciones en el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en el caso de los juicios laborales. La metodología que se plantea en la investigación hace uso de modalidades cualitativas y cuantitativas, tipo de investigación descriptiva y aplicada para determinar la problemática en la actualidad y la propuesta factible para la solución; método lógico-histórico que analiza científicamente los hechos, ideas del pasado comparándolas con hechos actuales, analítico y sintético para la descomposición sobre incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y el método inductivo respetando los derechos y garantías constitucionales. Se aplica la técnica mediante un cuestionario previamente elaborado y entregado a los abogados del cantón Babahoyo, los cuales se encuentran involucrados con el proyecto de investigación por sus conocimientos dentro del área de derecho penal.Barcos Arias, Ignacio Fernando2021-03-11T19:36:52Z2021-03-11T19:36:52Z2020-02info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfPIUBAB031-2020http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12030spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2021-03-11T19:36:52Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/12030Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552026-01-24T12:26:37.459752Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andestrue |
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