Medios de prueba necesarios para reproducirlos efectivamente en la aplicacion del silencio administrativo positivo en la legislación ecuatoriana

El Silencio Administrativo es una figura jurídica que se ha creado a efectos de no dejar en estado de indefensión al administrado, cuando este concurre a la administración pública con sus peticiones de conformidad a lo que establece la Constitución. Este trabajo de investigación, lo he realizado en...

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Main Author: Morocho Masaco, Luis Alfredo (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2013
Online Access:http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6842
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Summary:El Silencio Administrativo es una figura jurídica que se ha creado a efectos de no dejar en estado de indefensión al administrado, cuando este concurre a la administración pública con sus peticiones de conformidad a lo que establece la Constitución. Este trabajo de investigación, lo he realizado en base la necesidad de que en nuestra legislación se establezca medios de prueba que permitan hacer efectivo el derecho de petición cuando se ha configurado el silencio administrativo. Del análisis y estudio de la doctrina, la ley, derecho comparado y el estudio de casos que se han tramitado en el Tribunal Contencioso Administrativo de Loja, durante el año 2012, he podido observar que el requisito respecto a la Certificación que habla el inciso ultimo del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, constituye una traba para el administrado, pues ninguna administración acepta que ha operado el silencio administrativo positivo, lo que trae como consecuencia que los jueces declaren en muchos de los casos que no ha operado el silencio administrativo, porque no se ha demostrado de conformidad a la ley. Es más, en los casos que los jueces han declarado que se ha configurado el silencio administrativo positivo, ha sido en base a lo que la jurisprudencia ha permitido, valor como prueba del silencio administrativo la inspección judicial que se realice a los archivos de secretaria de la institución pública donde se presentó la respectiva solicitud, y se nombre un perito para que en su informe pericial se establezca la fecha de ingresos de la petición, y la fecha de contestación a trámite a la misma. Por lo que esto constituye claramente una trasgresión a un derecho establecido en la Constitución, y de ésta manera limita al administrado hacer efectivo su derecho porque la ley no establece para el caso del silencio administrativo positivo pruebas suficientes que permitan efectivizar el derecho vulnerado. Es por ello, que mi trabajo de investigación, tiene como fin el que existan medios de prueba necesarios para reproducirlos efectivamente en la aplicación del silencio administrativo positivo en la legislación ecuatoriana.