NECESIDAD DE TIPIFICAR EL AJUSTICIAMIENTO POR MANO PROPIA COMO DELITO. - ARPIO ZAPATA, DANNY MARIA (2010)
La tesis que se ha desarrollado tiene como propósito fundamental plantear una propuesta de solución a la realidad en que vivimos, ya que los ajusticiamientos por mano propia que se cometen casi a diario en nuestro país se están institucionalizando en nuestros pueblos, ante el hecho de que no existe una ley que sancione estos actos, y evite de esta manera el abuso cometido por ciertos individuos que bajo el respaldo de una muchedumbre desbordan su conducta criminal. Con estos antecedentes es preciso recurrir a los medios legales que traten de amparar la integridad de las personas y consecuentemente el Derecho a la vida que consagra la Constitución, hecho que debe significar una importante evolución en el desarrollo del Estado constitucional contemporáneo, entendido como Estado destinado a garantizar la protección y vigencia de los derechos humanos. De allí también deriva la responsabilidad que tiene la justicia penal de ofrecer una tutela judicial efectiva íntimamente constreñida a los términos de las garantías penales de aquellos derechos y bienes jurídicos penalmente protegidos contra ataques violentos, significativos y relevantes. Es por esto que se debe establecer la normativa debidamente reglamentada para que se establezca un marco reglamentario que permita la sanción a estos actos delictivos que gozan de impunidad. Ya que la solución a la inseguridad social, no puede consistir en que cada quien haga justicia por propia mano, empleando la violencia privada. De manera que una forma de evitar la justicia por mano propia, es indispensable que toda persona afectada por un delito tenga la seguridad de que se le hará justicia por parte de los órganos del Estado, que cumplan con eficiencia sus funciones de investigar y perseguir los delitos, como debe ser el caso de la Fiscalía de conocer y juzgar cada acusación, por parte de los Juzgados y Tribunales independientes e imparciales. Es claro que debe importar más la prevención del delito que su sanción; que el Estado debe establecer medidas que provengan, impidan o al menos dificulten la comisión de los delitos, particularmente a través de la vigilancia que debe ejercer la policía preventiva en los lugares en los que haya mayor incidencia delictiva. Pero una vez cometido el delito, debe investigarse y perseguirse a los responsables para que se les sancione.