Necesidad de reformar la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública y el reglamento general de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública en relación de incorporar atribuciones de control y sanciones a los funcionarios y servidores de las entidades contratantes que incumplan los procedimientos de contratación pública - Ortega Villazhañay, Nelson Javier (2014)
Sin duda alguna que en nuestro país, en materia de Contratación Pública estaba regido por una legislación obsoleta y caduca, que no respondía a nuestra realidad y que se prestaba para prácticas obscuras y desleales, que lo único que hacían es perjudicar al Estado Ecuatoriano y consecuentemente a la economía del país, por eso con acierto la Asamblea Nacional crea y aprueba la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), que trae consigo innovaciones muy importantes como el uso de procedimientos electrónicos, hecho que no solo moderniza a la Contratación Administrativa, sino que se adapta a la realidad de la sociedad moderna y al sistema de globalización y la eliminación de barreras comerciales, lo que promueve y facilita la participación de más proveedores, en especial la producción nacional, lo cual mejora los procesos y fomenta la eficiencia y economía del Estado. Sin embargo, a pesar de haberse logrado grandes ventajas en contratación pública, también es cierto que falta que se profundice en su tratamiento, análisis, en su búsqueda de su mejoramiento, debido que en la nueva ley, no se determina en forma clara las responsabilidades de los servidores y funcionarios encargados de aplicar los procedimientos contractuales y cuál es la entidad que se encargará del control y de aplicar sanciones para quienes inobservan o infringen lo contemplado en esta Ley y en su Reglamento. La presente tesis apunta a una reforma en ese aspecto, es decir a garantizar el cumplimiento de la Ley, estableciendo normativa sancionatoria y de control para todos los servidores y funcionarios que están a cargo de aplicar los procedimientos de contratación pública y de esta forma contar con norma claras y que las mismas sean aplicadas por las autoridades conforme lo determina nuestra Constitución de la República en su Art. 82.