Principio de Tipicidad en el Derecho Administrativo Sancionador: límites frente a la Discrecionalidad Administrativa. - Guarderas, Astryd C. (2025)
En el Derecho Administrativo se divide en una de las potestades más controversiales, como es la potestad sancionadora entendida como la facultad administrativa de aplicar mecanismos represivos y preventivos para sancionar el incumplimiento del deber de los particulares. El Estado basado en esta facultada ejerce un ius puniendi similar al Derecho Penal, que necesariamente debe regirse a los principios que regulan este poder, sin embargo, en materia administrativa existen cierta flexibilidad y particularidades, como la discrecionalidad, ocasionando un exceso de poder. La presente investigación tuvo como objetivo analizar el principio de tipicidad como límite a la discrecionalidad administrativa en el Derecho Administrativo Sancionador ecuatoriano con el propósito de evaluar la normativa y jurisprudencia ecuatoriana relacionada con la tipicidad y la discrecionalidad administrativa, con el fin de establecer criterio que limiten posibles arbitrariedades en el ejercicio de la potestad sancionadora. Para ello, se empleó una metodología de enfoque cualitativo, con un diseño de investigación descriptivo y de tipo trasversal, apoyada en los métodos analítico-sintético, así como en la revisión bibliográfica y análisis documental de fuentes normativas, doctrinas y jurisprudenciales relevantes. La aplicación de esta metodología, se logró identificar que si bien el principio de tipicidad tiene su origen en el ámbito penal, se debe correlacionar una aplicación similar en el Derecho Administrativo para evitar cualquier tipo de arbitrariedades, las decisiones deben estar regidas por principios de legalidad, proporcionalidad, motivación y debido proceso. Los resultados evidencian como a nivel jurisprudencia no se le otorga la misma categorización, lo que puede derivar a una transgresión de derechos. En consecuencia, se concluye que debe existir uniformidad jurisprudencial, que permita garantizar la legalidad de los actos y el ejercicio de los derechos.