Estudio comparado al tipo penal de tráfico de órganos en las normas de Bolivia, Brasil, México y Ecuador, 2022.

El trabajo de titulación se fundamentó en realizar la comparación entre las legislaciones de los países de Brasil, Bolivia, México y Ecuador, sobre el delito de tráfico de Órganos, identificando la existencia de similitudes o diferencias de carácter analítico y doctrinario en la que se determina que...

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Auteur principal: Cacao Tomalá, Damaris Daniela (author)
Autres auteurs: Vera Suárez, Antonio Eduardo (author)
Format: bachelorThesis
Langue:spa
Publié: 2023
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Accès en ligne:https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9249
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Description
Résumé:El trabajo de titulación se fundamentó en realizar la comparación entre las legislaciones de los países de Brasil, Bolivia, México y Ecuador, sobre el delito de tráfico de Órganos, identificando la existencia de similitudes o diferencias de carácter analítico y doctrinario en la que se determina que el delito de tráfico de órganos es un problema social que necesita ser estudiado con mayor profundidad. Su desarrollo implica la existencia de varios factores que influyen al incremento de este delito, como la existencia de clínicas clandestinas, la intervención de profesionales de la salud, y la conformación de redes criminales que están inmersas en la consumación de este delito. El tipo penal en ciertas legislaciones indudablemente va relacionado con otras conductas delictuales, violentando los principios de libertad y altruismo, que a su vez repercuten en innumerables vulneraciones de derechos primordiales que tiene el ser humano por naturaleza. Dentro del desarrollo de la investigación se analizó el alcance del tipo penal estudiado, mediante la recopilación de información conforme a las normativas existentes de cada país, abarcando fuentes bibliográficas, libros, ensayos y diversos temas que guarden relación con el tipo penal descrito, por lo tanto, se concluye que las normativas constitucionales de cada país estudiado guardan relación en cuanto a la protección y el acceso al derecho de la salud, priorizando tutelar los bienes jurídicos mediante los principios generales del derecho, recalcando que es responsabilidad del Estado garantizar el cumplimiento de ellos, y sancionar las acciones delictivas estableciendo multas y penas privativas de libertad.