Plurinacionalidad, justicia indígena y el debido proceso. - Lima Pozo, Ximena Lisbeth (2025)
Plurinacionalidad Justicia Indígena y el Debido Proceso mantiene interrelación, se encuentra consolidada en la máxima normativa del Ecuador, conforme los dispone el Art. 1, donde responde al reconocimiento del Estado de derechos que se instituyó como plurinacional, dando paso a proporcionar derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que mediante la evolución histórica, y luchas constantes dieron paso a la incorporación del reconocimiento de la existencia de diferentes culturas, etnias e ideologías dentro de un mismo Estado, no obstante al otorgar derechos se consolidó la existencia de autonomía para administrar justicia indígena, estableciendo dos sistemas judiciales, generando un gran impacto de cambio, además, controversia acerca de los principios del debido proceso en la justicia ordinaria y en la normativa internacional, porque son garantías fundamentales y colisionan con las prácticas de justicia indígena, Ecuador no posee de estructuras jurídicas, normativas y políticas públicas que avalen el correcto ejercicio, procedimiento, limites, y métodos de administración aplicado en la justicia indígena, con ello es fundamental la existencia de normativa que garantice el debido proceso en las dos formas de administrar justicia, para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de las personas y preservar la armonía entre los sistemas legales. La justicia indígena forma parte del reconocimiento de la gran diversidad cultural, étnica y de autodeterminación de los pueblos originarios, principios consagrados en la máxima normativa ecuatoriana, ordenamientos nacionales e internacionales. El problema céntrico reside en establecer como la garantía del debido proceso como derecho fundamental se ajusta o colisiona con las prácticas de justicia indígena y como está interacción afecta la protección de derechos individuales y colectivos de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, y si la coexistencia entre la justicia ordinara e indígena requiere de un marco normativo que evite conflictos.