El error inexcusable en la legislación ecuatoriana, 2022 - Ramírez Endara, Elio David (2023)
El trabajo de investigación representa un problema que por más de una década ha aquejado a los operadores de justicia, en torno al contenido del art. 109 del Código Orgánico de la unción Judicial, relativo al Error Judicial Inexcusable, sus alcances e implicaciones generaron reiteradas situaciones de controversia jurídico-política en el sistema judicial del Ecuador, pues su aplicación como medida sancionatoria por la decisión judicial, puso largo tiempo en tela de duda la imparcialidad de los fallos de los Jueces. Para el Desarrollo de la investigación se planteó un objetivo que era analizar el error inexcusable como figura de sanción disciplinaria a jueces, mediante la investigación deontológica doctrinaria, la revisión normativa y dogmática de tal institución jurídica, que brinde una perspectiva amplia del error inexcusable y su legitimización en la legislación ecuatoriana. Para alcanzar este objetivo, gran parte de la indagación se orientó a la base doctrinario dogmática que la ciencia del derecho pone a disposición, aspectos como la imparcialidad de los jueces, la tutela efectiva de los derechos, la seguridad jurídica y la independencia judicial son temas abordado con el fin de otorgar certeza científica al trabajo. Para este acercamiento fue necesaria la aplicación de métodos como el análisis exegético de las normas, ya que la principal fuente normativa valorada fue la Sentencia de la Corte Constitucional Sentencia No 3-19-CN/20, del 29 de julio de 2020, así el método de síntesis se constituyó en una herramienta que con el uso de técnicas documentales hizo posible valorar la problemática desde una perspectiva más integral a partir de los elementos que subyacen al error inexcusable. La población de estudio fueron las normas vinculantes al error inexcusable, cuya valoración y la base doctrinaria permitieron la validación de la idea a defender que declara que el error inexcusable en el sistema normativo ecuatoriano vulnera la seguridad jurídica que el estado debería otorgar a los ciudadanos ecuatorianos.