Actuaciones en el procedimiento abreviado y la prohibición de autoincriminación en el derecho penal ecuatoriano: sentencia 189-19-JH/21. - Galán Vera, José Antonio (2025)
La sentencia 189-19-JH/21 de la Corte Constitucional, emitida el 8 de diciembre de 2021, establece parámetros claros para garantizar el respeto al derecho de no autoincriminación en el procedimiento abreviado, lo cual es crucial para proteger los derechos del procesado y fortalecer el debido proceso en el sistema penal ecuatoriano. El objetivo de esta investigación es analizar cómo la Fiscalía aplica los parámetros establecidos en la sentencia durante la etapa previa al acuerdo de procedimiento abreviado, evaluando si se respetan los derechos del procesado, especialmente la prohibición de autoincriminación, dentro del marco del debido proceso. Para cumplir con este objetivo, se empleó una metodología cualitativa exploratoria que incluyó entrevistas semiestructuradas con fiscales, jueces y abogados penalistas, permitiendo captar experiencias y opiniones sobre la implementación práctica de la normativa. Los hallazgos indican que los actores judiciales son conscientes de la importancia del consentimiento informado y voluntario del procesado. Sin embargo, se identifican desafíos en la práctica: aunque no se reportaron casos de coerción directa, las desigualdades en el acceso a información comprensible pueden afectar la toma de decisiones del procesado, poniendo en riesgo su derecho a no autoincriminarse. Además, se destaca el papel del juez como garantía de los derechos fundamentales, subrayando que la supervisión judicial debe ser rigurosa para asegurar que el consentimiento sea realmente libre y no esté viciado por presiones externas. A pesar de los avances significativos en la aplicación de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, persisten desafíos que deben ser abordados para asegurar un respeto total por los derechos fundamentales. La capacitación continua sobre estos temas entre los actores judiciales es clave para fortalecer la confianza en el sistema judicial ecuatoriano y proteger los derechos de los procesados.