La imprescriptibilidad y los delitos sancionados con reclusión mayor especial. - Martinez Santana, Jessica Pamela (2013)
En el Ecuador, existe el principio progresivo instaurado dentro de la normativa penal, el cual protege los derechos del ciudadano, desde el momento en que es acusado del cometimiento de un delito pudiendo ser considerado grave o no grave, entre estos delitos hallamos los cometidos contra la administración pública, al individuo se le considerará inocente hasta el momento de ser declarado culpable mediante sentencia ejecutoriada o hallado inocente dentro del proceso. A pesar de que los derechos humanos han tenido un progreso en su aval siendo garantizados por la actual Constitución, los altos grados de corrupción han inferido en el incremento de delitos contra la administración pública, sin embargo por su enmarcado protagonismo público y social, derechos fundamentales como el derecho a la defensa se han visto vulnerados tal es el caso del art.233, el cual estipula que se juzgarán en ausencia las personas acusadas de delitos como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito; inmediatamente estos delitos se declaran imprescriptibles, por ello es necesario un análisis profundo que nos permita delimitar el alcance del quebrantamiento de estos derechos. Cabe indicar que la legislación comparada comprende la prescripción en delitos cometidos contra la administración pública, sin embargo en Ecuador no se establecen “límites temporales” para estos delitos, vulnerándose además el principio de igualdad; el derecho de defensa y el principio progresivo de los derechos fundamentales. 2 No existe equiparación con los beneficios que se hallan comprendidos en la prescriptibilidad de los delitos sancionados con reclusión mayor especial cuando en los delitos contra la administración pública se quebranta el debido proceso, la seguridad jurídica, los derechos y garantías de defensa e igualdad formal y material y por ende la progresividad de estos derechos y garantías; quebrantando la estabilidad jurídica que atentan contra los bienes jurídicos constitucionales establecidos en la Carta Magna.