El justo precio en casos de expropiación y el Derecho a la propiedad de los administrados - Aguirre Villegas, Galo Armando (2020)
La investigación se desarrolla en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual, en virtud del ejercicio del poder público, se genera una constante interacción entre la propiedad privada y la propiedad pública. La Constitución del Ecuador de 2008, reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, concomitantemente establece la posibilidad de expropiar los bienes de los particulares pero consagrando el derecho a recibir una justa, adecuada y oportuna indemnización por la afectación sufrida, prohibiendo todo forma de confiscación. Pero, el contenido de los incisos 10 y 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Administración Pública, desconoce las mejoras realizadas por los expropiados en sus inmuebles, si no cuentan con autorización, disposición que restringe el contenido mínimo del derecho a la propiedad determinado en la Constitución. La investigación cuenta con un enfoque cualitativo, ya que, se analizó la problemática planteada desde un punto neutral, a partir del cual, se acercó a la realidad de los hechos y se conoció a detalle las causas y efectos del problema estudiado en la vida de los propietarios expropiados y su incidencia en su desarrollo personal y familiar a partir de la afectación a su patrimonio, por la aplicación de una orma infraconstitucional (incisos 10 y 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Administración Pública) la cual además limita el proceder de los servidores públicos tanto en el ámbito administrativo como en el judicial ordinario. Razón por la cual, el expropiado, en búsqueda de una alternativa para hallar una salida a su situación debe acudir a la administración de justicia constitucional. Con los datos e información recolectada se llegó a la conclusión de que los incisos 10 y 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Administración Pública, constituyen una norma vigente, por haber sido emitida cumpliendo el trámite legislativo correspondiente; pero, no es una norma valida debido a su esencia material de carácter regresivo en el contenido de derechos de manera desproporcional que contradice a la Constitución de 2008. Se presenta como propuesta, la presentación de una demanda de inconstitucionalidad por el contenido de los incisos 10 y 16 del Art. 5 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, a fin de que la Corte Constitucional realice un control abstracto y material de la norma demandada, en pos de efectivizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico ecuatoriano, bajo el imperio del principio de supremacía constitucional y el desarrollo progresivo de los derechos y su no regresión.