Las personas con discapacidad física y el derecho a la accesibilidad a las instituciones públicas de la ciudad del puyo. - Flores Flores, Christian Israel (2014)
El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia y como tal la Constitución de la República en su artículo 47, numeral 10, garantiza a las personas con discapacidad: el acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios y a la eliminación de barreras arquitectónicas que impidan condiciones de igualdad de oportunidades, a través de políticas que faciliten el acceso al medio físico en entidades públicas y privadas. Y en la Ley Orgánica de Discapacidades en su artículo 4, numeral 8. Accesibilidad; artículo 12 de su respectivo Reglamento, se garantiza el acceso a un entorno físico, al trasporte y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; así como la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física, además se facilitará las condiciones necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas. Dentro del presente trabajo de grado y basándonos en la Constitución y Ley Orgánica de Discapacidades se desarrollará una investigación de campo en la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza; a través de instrumentos como las encuestas, entrevistas y fichas de observación, que muestre y determine como las personas con discapacidad física son vulneradas en su principio y derecho de accesibilidad, consagrados en cuerpos legales nacionales e internacionales. Se buscará plantear una propuesta de solución, ya que en la gran mayoría de instituciones públicas domiciliadas en la ciudad, no cuenta con adecuaciones o estándares de normas INEN de accesibilidad a personas con discapacidad al medio físico, a pesar que la ciudad cuenta con una ordenanza municipal sobre eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas pero está en la práctica no se la cumple, generando malestar e inconvenientes a las personas con discapacidad física considerados por el Estado como grupo de atención prioritaria.