Los principios de eficacia y eficiencia en los procedimientos dinámicos de contratación pública - Chuncha Villa, Diego Israel (2020)
Dentro de la Constitución de la República del Ecuador se establece que la administración pública constituye un servicio a la sociedad que se rige por los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. En ese orden de ideas se puede manifestar que todos los servidores públicos son los llamados a cumplir con dichos principios en el ámbito de aplicación de sus funciones. Las instituciones y entidades públicas, sobre todo las que pertenecen a la administración central están obligados constitucionalmente a velar por el fiel cumplimiento de los principios antes referidos. Para que de esta forma estos se vayan encaminando a la norma constitucional. En ese mismo orden de ideas es indispensable delimitar concretamente el caso de los procedimientos dinámicos, mismos que han sido contemplados en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en su respectivo reglamento. Lo cual ha generado ciertas antinomias con las demás normas conexas respecto de la aplicación de los principios de la administración pública dentro de los procedimientos dinámicos. Por lo que la presente investigación trajo consigo el resultado de que estos principios no se aplican, debido a que estos procedimientos eligen a las personas tanto naturales como jurídicas que se encuentran dentro del catálogo sin poder verificar si los mismos cumplen o no con la necesidad institucional, todo esto se debe a que en ciertas ocasiones al momento de solicitar un bien o servicio los mismos presentan su excusa por cuanto no pueden cumplir con lo solicitado; o, por el contrario hay oferentes que tienen una mayor capacidad y pueden cumplir con los bienes y servicios requeridos por la institución, sin embargo no son tomados en cuenta ya que en el catálogo electrónico constan con un porcentaje inferior al solicitado por la entidad, dejando así sin efecto el mandato constitucional. Lo cual provoca una vulneración de los principios constitucionales de la administración pública.