El debido proceso y la proporcionalidad de las penas en la conducción de vehículos en estado de embriaguez - Gavilanes Altamirano, Danny Israel (2021)
Garantizar el respeto de los derechos de los sujetos procesales, así como asegurar el cumplimiento de las garantías del debido proceso, son uno de los pilares fundamentales que el Estado ecuatoriano prevé entre sus principios plurinacionales y pluriculturales. A su vez, el derecho penal es el organismo encargado de llevar a cabo el orden legal, cada vez que se presente una irregularidad o infracción penal con la intencionalidad de resguardar la seguridad jurídica de la sociedad. Parte de este resguardo, es hacer cumplir los diferentes mecanismos legales, para que al momento de emplearse un juicio; quede evidencia fehaciente y convincente de haber empleado el debido proceso, en los casos donde se tenga la necesidad de sancionar a una persona, que se le compruebe que ha cometido una infracción penal. El siguiente Trabajo de Titulación tiene como objetivo, diagnosticar las características generales existentes en el debido proceso y analizar la proporcionalidad de las penas en cuanto a su aplicación, en casos relacionados con la conducción de vehículos en estado de embriaguez, donde se persigue detectar la posibilidad de la existencia de un vacío legal que atente contra de los derechos humanos y, el respeto al libre tránsito de quien comete el delito o infracción. Es una investigación mixta, direccionada hacia lo iterativo o integrativo, bajo la modalidad documental, de campo explicativo-descriptivo y correlacional. Los resultados de la investigación apuntan, que existe una desproporcionalidad en las sanciones o penas que surgen de la contravención de conducir vehículos en estado de embriaguez, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre todo cuando la comparamos con otras infracciones penales de magnitud superior y son sancionados por el mismo COIP de manera no proporcional, afirmando entre las conclusiones la existencia de un vacío legal, respecto a estas penas que sanciona un juez, dejando a un lado por parte de los legisladores, la posibilidad de considerar lo conocido como la pena abstracta, para medir de manera coherente idónea, necesaria y ponderada la posibilidad de que la sanción vaya acorde o proporcional a la magnitud de la contravención, sin descuidar los daños a terceras personas que se pudieron ocasionar.