El proceso penal y el principio de presunción de inocencia de las personas privadas de libertad

El presente trabajo de investigación trata sobre el proceso penal y el principio de inocencia de las personas privadas de libertad, que luego de una sentencia ratificatoria de inocencia recobra su libertad. Es de dominio público que estas personas durante el tiempo que permanecieron privadas de libe...

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Paredes Villavicencio, José Luis (author)
Format: bachelorThesis
Sprache:spa
Veröffentlicht: 2016
Schlagworte:
Online Zugang:http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/24230
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Zusammenfassung:El presente trabajo de investigación trata sobre el proceso penal y el principio de inocencia de las personas privadas de libertad, que luego de una sentencia ratificatoria de inocencia recobra su libertad. Es de dominio público que estas personas durante el tiempo que permanecieron privadas de libertad injustamente han perdido su trabajo y sufrido daño psicológico y moral tanto ellos como sus familiares, pues al momento de que la sociedad se enteró de que están privados de libertad se genera un perjuicio inmediato de discriminación. La problemática radica en que durante el tiempo de privación de libertad se vulneró el principio de presunción de inocencia de estas personas porque siempre fueron inocentes. Al existir una vulneración de derechos Constitucionales debería también existir medidas reparatorias para las personas que sufrieron dicha vulneración. El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 238 establece medidas reparatorias solo para las víctimas de un delito pero no establece medidas reparatorias para las personas que permanecieron privadas de libertad durante un proceso penal y que mediante sentencia resolutoria se ratifica su inocencia. Los Legisladores no se dan cuenta de esta realidad porque al momento de establecer medidas reparatorias en un proceso penal solo se pensó en la víctima de un delito y mas no en las personas que permanecieron injustamente privadas de libertad, dejando a un lado la vulneración del derecho de presunción de inocencia que sufrieron dichas personas, dejándolas en la obligación de demandar daños y perjuicios por vía judicial civil, lo que genera gasto económico para el Estado y para el accionante para solventar el proceso, así como también implica empleo de tiempo para la tramitación del proceso.