El derecho a la estabilidad laboral reforzada de los sustitutos de personas con discapacidad y su relación con el derecho a la salud. Análisis de la sentencia No.1067-17-EP/20 de la Corte Constitucional del Ecuador

La sentencia No. 1067-17-EP/20, trata sobre un padre que tiene bajo su cuidado a un niño con discapacidad intelectual y, por lo tanto, se encuentra bajo la figura de persona sustituta. En el presente trabajo se realizará un análisis crítico de la sentencia antes mencionada, realizando previamente un...

Szczegółowa specyfikacja

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Opis bibliograficzny
1. autor: León Espinoza, Kelvin Ingmar (author)
Format: masterThesis
Język:spa
Wydane: 2024
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://hdl.handle.net/20.500.14809/6996
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Opis
Streszczenie:La sentencia No. 1067-17-EP/20, trata sobre un padre que tiene bajo su cuidado a un niño con discapacidad intelectual y, por lo tanto, se encuentra bajo la figura de persona sustituta. En el presente trabajo se realizará un análisis crítico de la sentencia antes mencionada, realizando previamente un marco teórico de todos los conceptos que se utilizaran para analizar la sentencia en cuestión. La extensión de la estabilidad laboral reforzada a la persona sustituta, es un aspecto muy importante en el ámbito laboral, sobre todo para proteger los derechos constitucionales no solo de la persona que tiene a su cargo otra con discapacidad, sino, también, de esta última, ya que, sus derechos están directamente vinculados a la del sustituto, como por ejemplo el derecho a la salud. En este caso, se utilizó la metodología analítica y cualitativa, ya que el trabajo se basa en el análisis de una sentencia de la Corte Constitucional a través del estudio de revisión bibliográfica, consultando la normativa nacional o internacional, libros, tesis de postgrado y artículos científicos. De tal forma que, se ha determinado que las personas sustitutas tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, que los jueces de primera y segunda instancia, cuando se encuentran frente a una acción de protección, antes que un análisis legalista, deben enfocarse en determinar si existe un derecho constitucional vulnerado y emitir una argumentación suficiencia que sustente su decisión para no violentar el derecho al debido proceso en la garantía de motivación.