ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SENTENCIA DE FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS PRIVADOS - Cedeño Pincay, Edith María (2017)
El presente proceso llega a la etapa de apelación presentado por el representante de “Fiscalía General del Estado”, que solicita la revocación de la sentencia absolutoria dictada en favor de Reyes Melanio Sánchez Palma y María Esther Ponce Pincay, ya que demuestra que tanto la materialidad y La responsabilidad de las dos personas procesadas está comprobada. Con respecto a los registros de procedimiento y la revisión del proceso, teniendo en cuenta que es en la etapa del ensayo donde se realizan las pruebas para determinar la existencia material de la infracción. Por lo tanto, se puede establecer la responsabilidad de las personas acusadas de acuerdo con el delito, que el representante "Fiscalía General del Estado" solicita que se dicte una sentencia contra los acusados; y describiendo el "Art. 328 subsección 1 del COIP ". Esto justifica el delito de falsificación y uso de documentos y procesos falsos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 195 de la Constitución. Si no se establece la materialidad de la infracción que según los crímenes contra la fe pública de la sociedad, la acción de falsificación, destrucción o adulteración recae en documentos privados; como lo menciona la defensa de los acusados, no se puede establecer cuál fue el documento que fue falsificado, destruido o adulterado ya que no aparece en el documento original. Además, como el representante del ministerio público afirmó, había un gran número de personas que dieron su testimonio indicando que habían llegado a un acuerdo de compra y venta de vehículos como de los bienes inmuebles que han sido adulterados, sin embargo, estos originales documentos eran no utilizado como evidencia; se podría hacer la investigación necesaria al respecto. Por lo tanto, dado que no hay materialidad de la infracción, ni se puede hablar de responsabilidad, el tribunal rechaza el recurso presentado por la "Fiscalía General del Estado" y confirma el estado de inocencia de los acusados.