Suspensión de la sustanciación del procedimiento en los delitos de violencia intrafamiliar y el derecho a la defensa del procesado
El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia cuya norma suprema es la Constitución de la República del Ecuador, norma en la cual se estipulan todos los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales encontramos como un derecho procesal fundamental el derecho al debido proc...
-д хадгалсан:
| Үндсэн зохиолч: | |
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| Формат: | masterThesis |
| Хэл сонгох: | spa |
| Хэвлэсэн: |
2023
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| Нөхцлүүд: | |
| Онлайн хандалт: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/16994 |
| Шошгууд: |
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Шошго нэмэх | Тойм: | El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia cuya norma suprema es la Constitución de la República del Ecuador, norma en la cual se estipulan todos los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales encontramos como un derecho procesal fundamental el derecho al debido proceso previsto y contemplado en el artículo 76 sobre el Debido Proceso que indica en su numeral 7 literales a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; c).-Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). En el caso que nos ocupa a ser imprescindible para la aplicación de la suspensión de la sustanciación del proceso contemplado en el Art 651.3 del COIP en materia de violencia intrafamiliar el consentimiento de la víctima, no se aplica de forma correcta el derecho a la defensa en todas las etapas del proceso y el ser escuchados en igualdad de condiciones, violando la Garantía Básica del Debido proceso en el derecho a la defensa. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) Ya ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “(...) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. (Mejía, 2017) Es una garantía constitucional y legal que pertenece al ámbito del derecho procesal consistente en un conjunto de normas fundamentales que tienen por objeto tutelar y garantizar la defensa de los derechos de las personas en forma segura, imparcial y expedita; a respetar y observar el juzgador las norma supremas y secundarias que rigen a los procesos judiciales por parte de los diferentes órganos, dependencias y autoridades de la Función Judicial para una correcta administración de justicia, sin dilación alguna, tendiente a obtener un resultado justo, eficaz y transparente en un litigio jurisdiccional, abarca cuatro vertientes complejas: el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la defensa en el proceso, el derecho a una resolución motivada y el derecho a la efectividad de las decisiones. (Jaramillo López, 2016) |
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