La normativa jurídica sobre la práctica del examen de ADN en el proceso sumario de alimentos y declaratoria de paternidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa

Es importante entender que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a conocer la verdad biológica e histórica de su relación parental y por ende su filiación. En la actualidad se cuenta con una normativa nacional y supranacional, que garantiza sus derechos, que busca un desarrollo integral...

Fuld beskrivelse

Saved in:
Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Salvador Locke, Carlos Mauricio (author)
Format: bachelorThesis
Sprog:spa
Udgivet: 2019
Fag:
Online adgang:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10791
Tags: Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
Beskrivelse
Summary:Es importante entender que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a conocer la verdad biológica e histórica de su relación parental y por ende su filiación. En la actualidad se cuenta con una normativa nacional y supranacional, que garantiza sus derechos, que busca un desarrollo integral y el disfrute pleno de los mismos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Los cuerpos legales referidos, inicialmente consagran preceptos de avanzada que, difieren visiblemente a las disposiciones del Código Civil, por lo tanto, virtualmente han quedado en modificar y considerar al ADN, como una prueba acertada para poder determinar con exactitud la relación patento-filial; en este sentido, la información científica, que se va a obtener a través de las práctica de las pruebas de ADN puede ser utilizada de manera eficaz por los solicitantes para contribuir a la resolución del problema. Los efectos que produce al momento de no presentarse las pruebas de ADN es nada más que el juzgador disponga a que se inscriba al menor de edad, al Registro Civil solamente con la sentencia que el juzgador emitió, sin darle la parte de la demanda esto pueda justificar su inasistencia a dicha prueba, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al defensa garantizado en la Constitución de la República de Ecuador.