La Interposición de un recurso y la decisión de la autoridad administrativa
En España la interposición de un recurso administrativo es la revisión de los actos en vía administrativa es la potestad que la Ley otorga a la Administración Pública para que, con los requisitos y a través de los procedimientos que el ordenamiento jurídico establece, pueda, de oficio o a instancia...
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| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | bachelorThesis |
| منشور في: |
2021
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| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12944 |
| الوسوم: |
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إضافة وسم | الملخص: | En España la interposición de un recurso administrativo es la revisión de los actos en vía administrativa es la potestad que la Ley otorga a la Administración Pública para que, con los requisitos y a través de los procedimientos que el ordenamiento jurídico establece, pueda, de oficio o a instancia de los interesados, según los casos, rectificar, sustituir sus actos por otros o dejarlos sin efecto, declarando su nulidad o anulabilidad, o bien declarar su lesividad para, posteriormente, demandar su anulación ante los Jueces y Tribunales . En Perú desarrollan a la interposición de un recurso administrativo como medio para preservar el derecho a un debido proceso de todo ciudadano, derecho predicable en sus diversas dimensiones de los diferentes procedimientos administrativos e incluso en las relaciones entre particulares , se buscará preservar la posibilidad de cuestionar actos administrativos ante la misma entidad que los emitió o frente a alguno de sus superiores jerárquicos. Los recursos administrativos se presentarían entonces como una necesaria garantía de los administrados frente a eventuales errores o excesos de diversas reparticiones administrativas . En Argentina los recursos administrativos se enmarcan dentro del sistema de control de la administración pública, como instrumento del Estado para servir a los intereses generales, está sujeta a una serie de controles encaminados a garantizar la efectividad del derecho, esto es, que las acciones que llevan a cabo los agentes públicos cumplan con lo normativamente prescripto. Cuando el comportamiento de los agentes de la administración pública contraría los preceptos legales, el ciudadano o administrado tienen la posibilidad de reclamar al propio Estado la observancia de las leyes que aseguran su derecho |
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