El proceso coactivo previsto en la ley y tramitado por las instituciones públicas, vulnera varios derechos y principios constitucionales

Dentro del ámbito del que se ocupa el Derecho Administrativo y específicamente en las relaciones que se generan entre la Administración y la Justicia, surge el denominado principio de autotutela, privilegio de las Administraciones públicas según el cual sus actos se presumen válidos y pueden ser impuestos a los ciudadanos, incluso coactivamente, que podríamos resumirlo como la potestad de la Administración Pública. En nuestro país, se entiende por Jurisdicción Obligatoria o Procedimiento coactivo, a la potestad de diferentes organismos del Estado para cobrar acreencias trámites administrativos y directamente, sin necesidad de recurrir al Poder Judicial, aunque las excepciones de los demandados y las tercerías son de competencia de la Función Judicial. Se considera importante que cualquier entidad de carácter público tenga dentro de sus funciones la de recaudar rentas o caudales públicos a través de este procedimiento especial. De ésta manera, el ejercicio de la jurisdicción coactiva presupone la atribución legal expresa de ésta prerrogativa en materias precisas a una determinada autoridad administrativa y que la obligación a ejecutar conste en un documento que preste mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva.

• Prif Awdur: Montanero Moreira, Carlos Joel (author)
• Fformat: masterThesis
• Iaith: eng
• Cyhoeddwyd: 2015
• Pynciau: Derecho administrativo; Jurisdicción coactiva; Procedimiento coactivo ecuatoriano; Magíster en derecho administrativo - Tesis y disertaciones académicas
• Mynediad Ar-lein: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12804