Necesidad de establecer mecanismos de participación ciudadana y veeduría social en todos los procesos de contratación en el ámbito de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, propuesta para los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Una vez que he finalizado el presente trabajo de investigación, el mismo se realizó tomando como muestra tres municipios de la Provincia de Zamora Chinchipe, Paquisha, El Pangui y Chinchipe, los instrumentos de investigación utilizados fue la encuesta a las principales autoridades, funcionarios y al...

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Sábháilte in:
Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir: Sánchez Romero, Kelvin Petronio (author)
Rannpháirtithe: Álvarez Gálvez, Luz Esther (Dir) (author)
Formáid: bachelorThesis
Foilsithe / Cruthaithe: 2011
Ábhair:
Rochtain ar líne:http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/928
Clibeanna: Cuir clib leis
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Cur síos
Achoimre:Una vez que he finalizado el presente trabajo de investigación, el mismo se realizó tomando como muestra tres municipios de la Provincia de Zamora Chinchipe, Paquisha, El Pangui y Chinchipe, los instrumentos de investigación utilizados fue la encuesta a las principales autoridades, funcionarios y algunos miembros de la sociedad civil, representantes de organizaciones, además documentación bibliográfica. Como conclusión general se determina que la falta de normas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General sobre la participación ciudadana no permite lograr que los procedimientos de contratación que utilizan las instituciones publicas, sean claros y transparentes ya que solo mediante la participación ciudadana se podrá asegurar la correcta utilización de los recursos públicos en la contratación, de manera que permita el logro permanente de la construcción de poder ciudadano. Se propone una inmediata y urgente reforma al Reglamento General de la LOSNCP, a efectos de establecer obligatoriamente mecanismos de participación ciudadana y veeduría social en todos los procesos de contratación pública que realizan las entidades del sector público, así como el establecimiento de una ordenanza en los gobiernos autónomos descentralizados.